Indemnización de más de 92.300€ por accidente de motocicleta en el que la aseguradora alegaba “patologías previas”.
Éxito alcanzado: aumento de la indemnización en más de 37.000 euros en concepto de “intereses de demora” por el retraso en el pago.
Contexto y cuantía de la reclamación
La acción se ejerció contra la entidad aseguradora MAPFRE ESPAÑA y el conductor del vehículo que colisionó con la motocicleta del cliente.
La sentencia inicial del Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda y condenó a los demandados, de forma conjunta y solidaria, a pagar al lesionado la cantidad final de 54.962,34 euros, reconociendo como indemnización total la cifra de 66.169,44 euros (frente a los 11.917,10 euros que ofrecía la aseguradora).
Dicho fallo condenaba a la aseguradora a abonar 30.000 euros en concepto de perjuicio moral por pérdida de calidad de vida.
Controversia y decisión judicial en apelación
La entidad aseguradora MAPFRE interpuso recurso de apelación contra la sentencia, alegando que el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida no estaba relacionado con el siniestro, ya que las secuelas reconocidas eran meras agravaciones de procesos degenerativos previos.
MAPFRE argumentaba que la incapacidad del cliente se debía a su grave enfermedad previa y que el grado moderado de perjuicio moral no era proporcional a las secuelas permanentes.
La Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó el recurso de la aseguradora y confirmó la sentencia de instancia. El tribunal ratificó la existencia de un nexo causal innegable entre el accidente y la incapacidad. Argumentó que, aunque el actor padecía patologías degenerativas previas (artrosis cervical C2-C5), estas se consideraban «silentes» (asintomáticas) ya que no le incapacitaban para su trabajo habitual (marinero) antes del siniestro.
El tribunal concluyó que fueron las lesiones derivadas del accidente las que determinaron el reconocimiento de la incapacidad permanente total del actor para su profesión. La Audiencia consideró que la cantidad concedida era adecuada y proporcional a las circunstancias del caso, incluyendo el reconocimiento de la pérdida total de la actividad laboral o profesional, lo cual da lugar a valorar un perjuicio moral por pérdida de calidad de vida en grado moderado.
Teniendo en cuenta el retraso en el pago de la indemnización (al ventilarse el litigio en dos instancias judiciales) nuestro cliente recibió en concepto de intereses de demora una cantidad que superaba los 37.000 euros.
Por lo tanto, el beneficio para el cliente fue doble: por un lado, se reconoció que su incapacitación derivaba del accidente de tráfico y no de las patologías previas que sufría, recibiendo una importante indemnización en concepto de “perjuicio moral por pérdida de calidad de vida” y, por otro lado, recibió una indemnización justa por las dilaciones soportadas durante el proceso judicial.